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Repercusiones: Contra la eliminación de la perspectiva de derechos humanos en Salud Mental
El Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Salta emitió una declaración referida a la posibilidad de reforma de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, que modificaría por completo la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Entendemos que esta reforma que se impulsa va a contramano de los principios de esa ley y de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ya que prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad. Por lo contrario, reinstala la lógica de la “manicomialización” y el enfoque “biologicista”, y que habilitaría exclusivamente las prácticas fundadas en evidencia científica y excluiría los aportes de otras disciplinas imprescindibles para la rehabilitación.

El Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Salta reafirma su compromiso con la defensa y la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, la sustitución de las instituciones psiquiátricas asilares por una atención integral en salud mental en hospitales generales y a nivel comunitario priorizando el acceso al trabajo y vivienda alternativa desde una perspectiva de inclusión social, que asegure la participación de las organizaciones de los usuarios de servicios de salud mental en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió e informó acerca del proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

“Esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El proyecto que se puede leer en el Expte. Min. Sal. 120020000024933166 prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad. La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. El proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas”.

El Encuentro Nacional de Usuarios y Usuarias de Servicios de Salud Mental también se expresó en estos términos:
“Se vienen lanzando varios golpes contra lo que propone la Ley Nacional de Salud Mental (…) El Órgano de revisión nacional es un lugar concreto donde podemos denunciar si sufrimos o somos testigos de una violación de derechos, y constituye una instancia de defensa de los mismos”, concluyeron los usuarios y usuarias en el encuentro.

Además de las conclusiones, el colectivo elaboró propuestas entre ellas, la de seguir realizando este tipo de encuentros. “Es importante que nosotras/os, las/os usuarias/os tengamos voz propia y una agenda propia (…) y seguir haciendo realidad lo dictado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discpacidad y en la Ley Nacional de Salud Mental”.

La "Asamblea Permanente en Defensa de la Ley de Salud Mental 26657", integrada por trabajadores, usuarios y miembros de la comunidad en general, expresaron su repudio al proyecto de cambio de la reglamentación de dicha Ley. Para ello se concentraron en 7 y 50 de La Plata y movilizaron a la Legislatura bonaerense con el fin de rechazar la “lógica tutelar y manicomial en la atención, reforzando el aislamiento, la exclusión y la discriminación hacia las personas con padecimiento mental”.

“Se trata de un proyecto de reforma de parte del Gobierno Nacional, quienes como ya hemos visto en reiteradas ocasiones recurren a estas medidas de Decretos de Necesidad y Urgencia para evitar los debates parlamentarios”.