Ley de Salud Mental: los derechos de las personas con padecimiento subjetivo deben ser prioritarios para el Estado

La Comisión Ejecutiva del Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Salta se pronuncia en solidaridad con los colegas de la provincia de Córdoba y repudia la trágica muerte de una joven en un hospital de esa provincia.

Desde nuestra institución ratificamos nuestra posición en apoyo a la plena implementación de la Ley 26.657 de Salud Mental. La sostenida falta de implementación de las leyes de salud, y de la Ley de Salud Mental en particular, tiene como contracara la vulneración de derechos de quienes presentan padecimiento subjetivo.

Más de 12 años han pasado desde su sanción y, en ese tiempo, no se han creado los dispositivos sustitutivos necesarios; se ha incorporado escaso personal, en su mayoría precarizado y esto es algo que se da en cada provincia y engloba a todo nuestro país.

El Consejo Consultivo previsto por esta ley, conformado por distintas instituciones no estatales, además de los ministerios correspondientes, no ha sido plenamente implementado ni convocado en años.

La desmanicomialización y la instauración de dispositivos que permitan llevarla a cabo son pasos de fundamental importancia para velar por los derechos de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y padecimientos subjetivo.

Consideramos imprescindible, para continuar avanzando por este camino, el trabajo conjunto entre quienes conformamos los dispositivos de atención: usuarias/os, familiares de usuarias/os y los organismos de contralor.

Las transformaciones requieren de un fuerte compromiso político de los Estados nacionales y provinciales y, asimismo, de los diferentes equipos de salud que todos los días sostienen los múltiples espacios de abordaje y prevención de la salud mental.

La jerarquización de la labor profesional de las y los trabajadoras/es que integran los equipos de salud mental, está enlazada estratégicamente a la plena implementación de la ley. Por ello resulta necesario cuidar la tarea compartida entre los diferentes profesionales de la salud, desde todas las instituciones que nos nuclean.

No hay modo de pensar la salud mental escindida de los derechos de las personas. La plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental no es contra nadie, sino que es con el trabajo de todas y todos y no puede ni debe atribuirse a fallas de trabajadores y trabajadoras comprometidxs. Es hora de que los organismos públicos cumplan genuinamente con lo que las leyes disponen. Los derechos de las personas con padecimiento subjetivo deben ser prioritarios para el Estado.