DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA

Desde la Comisión de Discapacidad del CPPS queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo ante el posible cambio que se propone desde un proyecto de decreto presidencial que pretende establecer que los organismos públicos que financian las prestaciones para las personas con discapacidad fijen de forma independiente, y no vinculante entre ellos, los valores arancelarios de las prestaciones básicas, como les parezca o convenga. Es importante tener en cuenta que ya existe un nomenclador nacional que regula los valores prestacionales enmarcado en la Ley 24.901.
Esta medida afectaría directamente a las personas con discapacidad como a quienes prestamos servicio para sus tratamientos, como profesionales de la salud, centros terapéuticos, fundaciones, entre otros. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio de calidad, se cortará la prestación. De este modo, se dejará nuevamente a esta población en una situación de vulnerabilidad y desigualdad, afectando la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Desde la Comisión llamamos a la reflexión y revisión de una medida que atrasa y entorpece la atención y los derechos adquiridos de las personas con discapacidad.